El asunto de la posesión de armas en manos de civiles se ha vuelto un tema muy sensible para muchos países alrededor del mundo. Ya sea por razones de salud pública o de seguridad, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo restringe en la actualidad la posesión y la portación privada de armas de fuego a través de una gran diversidad de leyes restrictivas.
En la última década, más de 12 gobiernos alrededor del mundo han endurecido de forma significativa sus leyes en torno al uso y posesión de armas de fuego por parte de civiles.
Sin ir muy lejos, el año pasado, en Guatemala, que afronta similares niveles de violencia que los nuestros, el Presidente Óscar Berger nombró una Comisión Nacional del Desarme, formada por los titulares de las principales instituciones de la seguridad y justicia; la comisión se encargará de articular leyes y políticas encaminadas a controlar el comercio, circulación y tenencia de armas de fuego, como parte de una estrategia nacional para reducir la violencia.
Esto, en un país en el cual la posesión de armas de fuego es un derecho constitucional. En Brasil, el principal productor latinoamericano de armas de fuego, el Gobierno recientemente introdujo una ley que prohíbe la portación de armas y se encamina a celebrar un referéndum para decidir si se permite o no la comercialización y posesión de armas de fuego entre la población civil.
¿A qué se debe este renovado interés por la regulación de las armas de fuego? Las razones son muchas, pero las principales tienen que ver con la conexión que existe entre la violencia armada y los pocos controles que suelen haber en torno al uso de las armas de fuego por parte de civiles.
El denominador común de los países que tienen elevadas tasas de crimen es la permisividad en el uso de las armas, inclusive en contextos de mucho desarrollo económico: Estados Unidos es el país con la mayor tasa de violencia del grupo de países industrializados, y es precisamente el que tiene las regulaciones más permisivas en el tema.
Además, existe la creciente convicción de que muchos de los problemas originados por el uso de armas de fuego tienen su raíz en el carácter “civil” de su uso: la mayoría de delitos que se cometen en nuestros países en la actualidad ya no los cometen los estados, sino que los cometen los civiles, y la mayoría de las víctimas de esos delitos es civil.
En el pasado, cuando las guerras prevalecían en la región centroamericana, las armas constituían un problema que involucraba directamente el uso que hacían de ellas los gobiernos, quienes las usaban para desarrollar sus operaciones militares en contra de civiles o para apoyar los movimientos insurgentes de cualquier signo en países vecinos. En la actualidad, por el contrario, se ha comprobado que uno de los principales contribuyentes al comercio ilegal de armas —tanto nacional como internacional— es la posesión de armas por parte de civiles.
Muchas personas que compran y poseen armas de fuego de manera legal terminan colaborando con el comercio ilícito y con el uso criminal de las mismas cuando esas armas le son robadas, son revendidas o son manejadas de manera irresponsable.
Los países que han adoptado regulaciones muy restrictivas en el uso de armas se han beneficiado de reducciones importantes en las tasas de homicidios. Por ejemplo, en Colombia la prohibición de portar armas en los días festivos y los días con importantes encuentros deportivos redujo en un 40% los homicidios cometidos durante esos días.
Además, esas restricciones, combinadas con la formulación de políticas de convivencia ciudadana en las principales ciudades colombianas, han logrado quitar a Colombia del primer lugar de la lista de países más violentos.
El caso mejor documentado se encuentra en Australia, que en 1996 introdujo una serie de políticas muy restrictivas con respecto a las armas de fuego; luego de esas políticas, la tasa de homicidios producidos por armas de fuego se redujo en un 60%.
A la luz de toda esa información y esas tendencias en las políticas alrededor del mundo cuesta mucho comprender la resistencia que todavía existe en El Salvador, sobre todo en los círculos oficiales, para aumentar los controles de las armas de fuego. La reciente reforma a la ley de armas promulgada por la Asamblea Legislativa parece más un denuedo propagandístico que un instrumento útil para el combate de la violencia armada.
